El objetivo del Gobierno es volverse un referente digital en cuanto a materia de digitalización de trámites, sin dejar de lado el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y el ahorro de costos. 

 

Pero no solo basta ser referente en materia de digitalización de trámites, sino también en ofrecer a los ciudadanos seguridad de sus datos, y esto se hace mediante plataformas robustas con los más actualizados estándares de seguridad. 

 

Además, el Estado debe garantizar las condiciones para que la calidad de datos existente sea la ideal idónea para no interrumpir el trabajo entre instituciones y cumplir parámetros de compatibilidad entre base de datos.Estos dos temas es algo que actualmente no existe y debe ser regularizado por la comisión que se encargue de promover la Ley de Transformación Digital.

 

Para hacer realidad estos ejes el Estado tiene como estrategia: 

 

Definir una Política Nacional de Datos: Al regularizar la manera de tratar los datos, se crean las condiciones adecuadas para interrelacionar los datos entre instituciones públicas.

 

Fomentar uso de datos: Aprender a cómo manejar los datos es tarea esencial. Es por ello que se planea la implementación de políticas públicas a través de pilotos y capacitaciones a los funcionarios para que sepan administrar dichos datos. 

 

Optimizar las políticas públicas y automatización de procesos: Tener un proceso digitalizado ahorra a los funcionarios y al Estado tiempo valioso que se puede dedicas a más tareas, además, el uso de inteligencia artificial dota al proceso digitalizado de independencia humana. 

 

Para asegurar los datos de los ciudadanos, también es necesario reconocer todas las amenazas a los que se expone el Gobierno al adoptar modelos digitales de datos e información. 

 

Para hacer frente a esta gran disyuntiva, toma relevancia la Línea de Acción 5: Un estado protegido ante amenazas de ciberseguridad. 

 

Anteponiéndose a este cambio de normativa, se publicó el Instructivo Presidencial de Ciberseguridad, donde detalla 8 bases a aplicar dentro de las instituciones.

 

Cada institución debe tener un CIO que se encargue de velar por la seguridad de los datos y tener un plan en caso de un ciberataque. 

 

Toda esta iniciativa de transformar la manera de realizar trámites no tiene sentido sin una correcta política de administración de datos que asegure a los chilenos que su información no será divulgada para usos inadecuados. 

 

Jesús Fuentes – Apiux