#PaísesGovTech: Uruguay, ejemplo de presupuesto en la modernización del Estado
Desde inicio de este siglo, cuando la ONU empezó a publicar su Índice de Gobierno Electrónico, Chile se posicionaba como uno de los primeros países de América Latina. Hoy el primer lugar en la región lo ocupa Uruguay.
De 2003 a 2005 Chile ocupó el puesto 22 y tuvo un puntaje de 0,69 en este ranking, que busca medir qué tan bien prestan los gobiernos sus servicios en línea. En esta escala, 1 es la mejor puntuación.
Pese a su buen desempeño, en 2008 Chile cayó al puesto 40 (0,5 puntos) y en esta década ha sido superado por otros países de la región, como Uruguay y Argentina.
¿Qué lecciones han quedado de estos 20 años de medición de gobierno digital en la región? Es lo que nos cuenta Alejandro Barros, consultor internacional en transformación digital del sector público, en esta entrevista para Apiux.
Barros es magíster en Ciencias mención Computación, académico asociado al Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile y autor de libros y contenidos digitales de divulgación tecnológica y estatal.
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¿Por qué cree que Chile perdió liderazgo en la región en el índice e-Government de la ONU?
“Lo que nos pasó es el error que cometemos en la región, cuando nos va bien, pensamos que eso va a ser permanente.
También creo que nos faltó un segundo impulso de modernización y una mayor institucionalidad. Tenemos la División de Gobierno Digital, pero es una organización débil desde su capacidad política.
Además, esta División está sobrepasada por otros temas y eso ha demorado que tengamos una política pública de transformación de los servicios públicos. Es muy diferente a lo que pasa en Uruguay”.
El país que menciona ocupó el puesto 26 en 2020, ¿cómo es la institucionalidad allá?
“Uruguay tiene una agencia que depende de presidencia, que tiene un consejo asesor y un peso en el presupuesto de modernización del Estado.
Aquí hemos tenido 8 personas encargadas en los últimos años, y eso hace que los procesos no trasciendan a los gobiernos de turno.
Si no logras establecer una institucionalidad sólida, el que llega empieza a hacerlo todo de cero y por eso se da un retroceso evidente”
¿Cómo está el presupuesto de la Ley de Transformación Digital chilena?
“La ley chilena no está financiada, los números no dan. Cuando revisamos el informe financiero vemos que el presupuesto no está acorde al mandato y la misión.
Si a eso le agregamos la pandemia y que se debe implementar la Ley 21.180 de Transformación Digital, vemos que no hay mucho presupuesto».
¿Cuál es el desafío de las instituciones públicas en la implementación de la Ley 21.180?
“El desafío es mejorar los procesos porque lo que hicieron las instituciones públicas con la pandemia fue digitalizar cosas que ya tenían. Un trámite presencial lo llevaron a la web.
La pregunta de fondo es si ese trámite tiene sentido o no. A lo mejor hay que hacerlo de otra manera y ahí lo que tienen que hacer es mirar cuáles tiene sentido seguir haciendo y cuáles no.
Un interrogante importante es saber cómo nos desempeñamos, porque no basta con tener una ley. Hay leyes que nunca fueron implementadas.
También hay que tener un plan de trabajo, presupuesto, apoyo político. Eso es lo que tiene Uruguay.
Por mencionar experiencias parecidas, España tiene una ley similar a la chilena y tuvieron que correr la fecha de implementación porque era muy exigente.
La pregunta ahora en Chile es cuántas entidades públicas tienen proyectos financiados. Si los servicios públicos no se ponen en el presupuesto, también vamos a llegar tarde”.
Para profundizar en lo que podemos aprender de Uruguay en transformación digital del sector público, invitamos a leer el análisis completo de Alejandro Barros: Gobierno digital, comparaciones odiosas.
En Apiux apoyamos a las instituciones del sector público en su proceso de modernización. Nos interesa implementar soluciones TI centradas en el ciudadano, para que los gobiernos presten mejor sus servicios en línea.